El comercio ambulante y los bazares comerciales siguen siendo parte esencial de la vida urbana en México. Son espacios de identidad, de economía familiar y de acceso inmediato a bienes que, en muchos casos, la formalidad no logra ofrecer con la misma cercanía. Sin embargo, en 2026 enfrentan un dilema que trasciende lo económico: ¿cómo sobrevivir en un entorno cada vez más digital, regulado y competitivo sin perder su esencia cultural?

Los tianguis y bazares no son solo puntos de venta; son redes sociales vivas, donde la comunidad se reconoce y se sostiene. Más del 55% de los trabajadores del sector comercio operan en esquemas informales, lo que refleja tanto la magnitud de este fenómeno como su fragilidad. La informalidad garantiza ingresos inmediatos, pero limita el acceso a seguridad social, financiamiento y estabilidad.

Para el gobierno, el comercio popular representa un desafío doble: ordenar sin sofocar, formalizar sin excluir. Las políticas públicas han intentado ofrecer capacitación, microcréditos y digitalización, pero la cobertura es insuficiente y la coordinación entre niveles de gobierno sigue siendo débil. El riesgo es que las soluciones burocráticas terminen invisibilizando a quienes dependen de estos espacios para subsistir.

Los líderes de los gremios son actores centrales en esta historia. Su capacidad de organización y defensa de los comerciantes ha permitido preservar espacios tradicionales y negociar con autoridades. Sin embargo, también arrastran prácticas clientelares, falta de transparencia en cuotas y permisos, e incluso vínculos con dinámicas de corrupción. 

Pros: cohesión, interlocución política, defensa de la economía familiar. 

Contras: resistencia a la formalización, opacidad en recursos, dependencia de favores políticos. 

La pregunta es clara ¿pueden estos liderazgos transformarse en agentes de modernización y transparencia, o seguirán siendo freno para la evolución del sector?

Los bazares y tianguis han demostrado capacidad de adaptación: productos personalizados, promoción en redes sociales y alianzas con proveedores locales. Son incubadoras de emprendimientos, especialmente para mujeres y jóvenes, y representan un modelo de economía circular que merece reconocimiento. 

En el contexto del nearshoring y del Mundial de fútbol como catalizador económico, la oportunidad está en integrar a estos comerciantes a la dinámica digital y logística sin despojarlos de su identidad cultural.

En conclusión, el comercio popular no es un problema para resolver, sino un patrimonio económico y cultural que debe ser fortalecido. El reto para el gobierno es diseñar políticas que reconozcan su valor sin caer en esquemas punitivos. El reto para los líderes gremiales es abandonar prácticas opacas y convertirse en verdaderos representantes de modernización. 

En 2026, la permanencia del comercio ambulante y los bazares dependerá de un equilibrio delicado: conservar su esencia comunitaria mientras se adaptan a un entorno más competitivo y digital. La decisión está en manos de las instituciones, los gremios y, sobre todo, de la ciudadanía que sigue encontrando en estos espacios algo más que productos: encuentra identidad, cercanía y pertenencia.