Ciudad de México, Méx. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, ha desestimado públicamente la propuesta de reforma electoral presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), reavivando el debate nacional sobre la necesidad de modificar la estructura del árbitro electoral y, más concretamente, cuestionando la propia autonomía constitucional del organismo.

En diversas declaraciones a medios, Gómez Álvarez afirmó categóricamente que "un órgano así no puede ser autónomo", refiriéndose al INE, y rechazó la idea de indexar el presupuesto del Instituto al Producto Interno Bruto (PIB), una medida solicitada por el propio organismo para garantizar su suficiencia presupuestal. Estas declaraciones se insertan en un contexto de alta polarización política respecto al futuro de las instituciones electorales mexicanas.

Las críticas han sido recibidas con alarma por parte de sectores de la oposición y la sociedad civil, quienes ven en la postura de Gómez un intento de debilitar al contrapeso electoral. El analista y escritor Héctor Aguilar Camín ironizó sobre la situación, sugiriendo que las posturas actuales de Gómez implican "quitar la escalera por la que él trepó" al sistema político, dada la trayectoria que tuvo el funcionario bajo las reglas del INE.

La propuesta formal del INE fue entregada a la Comisión Presidencial encargada de analizar las reformas. Sin embargo, la postura de funcionarios clave del gobierno federal, como el titular de la UIF, sugiere que el proyecto del Instituto será considerado inviable en su formato actual, priorizando una visión gubernamental que busca reducir costos y centralizar funciones, reviviendo incluso la posibilidad de eliminar el Consejo General del INE, una propuesta que Gómez impulsó previamente.

La controversia garantiza que la discusión de la reforma electoral será uno de los temas centrales en la agenda legislativa de los próximos meses. Mientras el INE defiende su independencia como pilar de la democracia, las voces dentro del aparato gubernamental presionan por cambios que, a su juicio, buscan una mayor eficiencia y austeridad, pero que, según los críticos, amenazan la imparcialidad de los comicios.