El reciente caso del refugio de perros en el Estado de México no es solo un episodio de maltrato animal, es una muestra brutal de cómo la negligencia y la ambición política pueden cobrar vidas inocentes. Decenas de perros fueron retirados de un espacio que, aunque imperfecto, representaba para ellos un lugar de resguardo. El traslado forzado y las pésimas condiciones a las que fueron sometidos derivaron en la muerte de algunos de ellos.

No se trató de un acto de protección animal, sino de una maniobra con tintes políticos y económicos. El retiro de los perros del refugio responde más a la intención de apoderarse del terreno que a un genuino interés por su bienestar. El encargado del refugio cuenta con documentación que acredita la posesión legítima del predio, lo que convierte la acción en un atropello legal y moral. Las autoridades utilizaron la vida de seres indefensos como instrumento en una disputa de poder, y eso es inadmisible.

La muerte de varios perros no fue un accidente inevitable, fue consecuencia directa de la negligencia institucional. Falta de alimento, condiciones insalubres y ausencia de atención médica básica son responsabilidad de quienes ordenaron y ejecutaron el desalojo. No basta con reconocer errores administrativos; aquí hablamos de vidas perdidas por omisión y desinterés. Cada perro que murió representa una acusación contra un sistema que presume proteger, pero en realidad abandona.

Los animales no son objetos ni recursos que se puedan mover de un lugar a otro según convenga. Son seres vivos que sienten, que sufren y que merecen respeto. Negarles esa dignidad es negar nuestra propia humanidad. El Estado que debería garantizar su bienestar se convirtió en verdugo, y la sociedad no puede permanecer indiferente.

Este caso debe marcar un antes y un después. No podemos permitir que la negligencia oficial quede impune. Las autoridades responsables deben rendir cuentas por las muertes ocasionadas y por el atropello legal contra el refugio. La ciudadanía, por su parte, debe entender que tener un perro es una responsabilidad tan grande como criar a un hijo: implica compromiso, cuidado y respeto. Pero también debe exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger a quienes no tienen voz.