En Pachuca, la sombra del nepotismo se extiende sobre la administración pública como un vicio que erosiona la confianza ciudadana y debilita la legitimidad de las instituciones. La entrega de contratos a empresas vinculadas con familiares o amigos de funcionarios públicos no es un rumor aislado, sino una práctica que, de confirmarse, representa un atentado directo contra la transparencia y la ética gubernamental. 

La ciudadanía observa con creciente indignación cómo las obras públicas, que deberían ser motor de desarrollo y bienestar colectivo, se convierten en botín de unos cuantos. Las calles, parques y proyectos de infraestructura no solo reflejan la calidad de la gestión, sino también la honestidad con la que se administran los recursos. Cuando los contratos se asignan bajo criterios de parentesco y favoritismo, el resultado es doblemente nocivo, se desperdicia el dinero público y se perpetúa una cultura de impunidad. 

Un ejemplo cercano lo encontramos en Mineral de la Reforma, donde recientemente un regidor estudió la propuesta de compra de uniformes para personal municipal. Tras revisar los términos y detectar inconsistencias, la iniciativa fue echada para atrás. Este caso demuestra que, cuando existe voluntad de fiscalizar y cuestionar, es posible frenar decisiones que podrían beneficiar indebidamente a ciertos proveedores o abrir la puerta a favoritismos. Sin embargo, también evidencia que la vigilancia depende de la iniciativa aislada de algunos representantes, cuando debería ser una práctica sistemática y obligatoria en todos los municipios. 

Los diputados locales y regidores tienen una responsabilidad ineludible, investigar y fiscalizar. No basta con discursos de compromiso ni con declaraciones de buenas intenciones. La tarea es clara, revisar a detalle quiénes son los beneficiarios de las obras, cuáles son sus vínculos con los funcionarios en turno y qué mecanismos de control se están aplicando para evitar el tráfico de influencias. La omisión en este tema equivale a complicidad. 

La sociedad hidalguense exige respuestas. No se trata de persecuciones políticas ni de ajustes de cuentas personales, sino de garantizar que los recursos públicos se administren con justicia y transparencia. Cada contrato entregado sin licitación clara, cada puesto público asignado por lazos familiares y no por mérito, es una afrenta a la democracia y un golpe a la credibilidad de las instituciones. 

El llamado es urgente, los representantes populares deben ponerse a trabajar. La fiscalización no es un favor, es una obligación. La ciudadanía no puede seguir tolerando que las obras públicas se conviertan en negocio privado de unos cuantos apellidos. Pachuca merece un gobierno que rinda cuentas, que se someta al escrutinio y que entienda que la confianza se construye con hechos, no con discursos. 

En tiempos donde la transparencia debería ser la regla y no la excepción, el nepotismo es un cáncer que amenaza con corroer los cimientos de la vida pública. La pregunta es inevitable, ¿seguirán los diputados y regidores mirando hacia otro lado, o asumirán el papel que la sociedad les exige?