Pachuca de Soto, Hgo. Organizaciones civiles y legisladores estatales han levantado una seria alerta ante el incremento de extorsiones, algunas de las cuales ascienden a 10 mil dólares, dirigidas a migrantes que transitan por el estado de Hidalgo. Este fenómeno criminal está afectando gravemente a personas en situación de vulnerabilidad, convirtiendo el tránsito por la entidad en un riesgo financiero y de seguridad.

Los reportes indican que los métodos de extorsión varían desde el secuestro exprés, amenazas directas hasta fraudes elaborados, aprovechando la necesidad y la falta de documentación legal de los migrantes. Estas situaciones se concentran principalmente en corredores carreteros clave que conectan el sur del país con el centro, impactando en municipios que rodean la zona metropolitana de Pachuca.

La gravedad de estos hechos ha provocado una fuerte reacción en el ámbito legislativo. Diputados del Congreso de Hidalgo han manifestado su preocupación, señalando que estas prácticas ilícitas minan la imagen del estado y constituyen una flagrante violación a los derechos humanos fundamentales de esta población flotante.

Ante la crisis, el Congreso de Hidalgo está organizando un foro de análisis interinstitucional en las próximas semanas. El objetivo es congregar a autoridades de seguridad, migración y organizaciones de la sociedad civil para diseñar estrategias conjuntas y protocolos de atención inmediata que frenen la operación de estas bandas delictivas y proporcionen seguridad y asistencia legal a los afectados.

Se hace un llamado urgente a las instancias federales y estatales de seguridad para intensificar la vigilancia en las rutas migratorias de Hidalgo. La conclusión de este foro determinará las acciones legislativas y presupuestales específicas para combatir este crimen organizado que lucra con el dolor y la desesperación de los migrantes.