Durante su participación en el programa Razonados, Adriana Marín, encargada de comunicación del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, afirmó que el narcotráfico genera más de 100 mil empleos al año en México, superando incluso al Estado y al sector privado. Según Marín, este fenómeno convierte al crimen organizado en un “empleador” difícil de enfrentar, debido a la falta de oportunidades laborales en el país.

Más allá de la veracidad estadística, lo alarmante es el enfoque, equiparar al narcotráfico con una fuente legítima de empleo normaliza la violencia, la ilegalidad y el sufrimiento que este modelo impone a miles de familias. No se trata de una descripción técnica del problema, sino de una narrativa que corre el riesgo de justificar la existencia del crimen organizado como respuesta funcional a las fallas del Estado.

Hay que reconocer que el narco recluta miles de personas, esto no es nuevo. Lo grave es hacerlo sin una postura crítica, sin señalar que esos “empleos” se construyen sobre extorsión, muerte, desplazamiento y corrupción. ¿Desde cuándo el crimen organizado merece ser tratado como actor económico legítimo?, ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado de garantizar empleos dignos, seguros y legales?

Como fuerza gobernante, Morena tiene la obligación de condenar el crimen organizado sin ambigüedades. Esta declaración, lejos de ser un llamado a la acción, parece una rendición discursiva. En lugar de fortalecer el discurso institucional contra el narco, se diluye en una lógica de inevitabilidad que desarma a la ciudadanía y deslegitima al propio gobierno.

En conclusión, decir que el narco genera más empleos que el gobierno no solo es una afirmación polémica, es una renuncia simbólica al deber de construir un país donde el trabajo no implique riesgo, ilegalidad ni violencia. México no necesita que sus representantes describan el problema con resignación, sino que lo enfrenten con políticas públicas, ética y firmeza. Porque si el crimen organizado se convierte en empleador, el Estado se convierte en cómplice por omisión.