La vida política y laboral de Hidalgo atraviesa un periodo de alta tensión. El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) celebró una asamblea marcada por acusaciones de traición contra algunos líderes y un ambiente de caos. En medio de la disputa interna, una facción exigió la expulsión de 20 agremiados. La resolución sobre la toma de nota de la dirigencia sindical fue aplazada hasta 2026, lo que prolonga la incertidumbre sobre el control del organismo.  

En el ámbito judicial, se registró un avance relevante en un caso de alto perfil: el exgobernador César Duarte fue vinculado a proceso por presunto lavado de dinero. Este hecho refleja el combate a la corrupción y a las operaciones financieras ilícitas, con repercusiones en los reacomodos políticos tanto estatales como nacionales.  

De manera paralela, el Congreso de Hidalgo discute reformas institucionales de fondo. Entre ellas, la posibilidad de convertir el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en un órgano autónomo y la propuesta de que la Contraloría Estatal absorba funciones del ITAIH. Estas iniciativas se suman a las discusiones sobre el presupuesto 2026 y a las observaciones en ayuntamientos como Ixmiquilpan, en un contexto de intensa actividad legislativa y de fiscalización.  

En el plano partidista, el PRD reportó la pérdida de miles de militantes y denunció afiliaciones irregulares por parte de Morena, lo que añade un componente de tensión política a la dinámica estatal.