El Mundial de 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede. México, Estados Unidos y Canadá compartirán la organización de un evento que promete ser inolvidable en lo deportivo, pero que también abre un debate profundo sobre su dimensión política y económica.
La FIFA proyecta ingresos superiores a los 8,000 millones de dólares, principalmente por derechos de transmisión, patrocinios y boletaje. Sin embargo, los costos de infraestructura, seguridad y logística recaen en los países anfitriones. Es decir, mientras la federación concentra las ganancias, las naciones asumen la factura.
En México, el simbolismo de inaugurar el torneo en el Estadio Azteca contrasta con los retos financieros. Se estima una derrama económica de más de 65,000 millones de pesos, con la llegada de 5.5 millones de visitantes y la generación de 12,000 empleos temporales. El gobierno ha anunciado inversiones de entre 1,500 y 2,000 millones de pesos en movilidad y transporte para las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La pregunta es si esos beneficios se distribuirán de manera equitativa o quedarán concentrados en grandes corporaciones.
Estados Unidos, con la final programada en Nueva York–Nueva Jersey, será el epicentro económico y mediático. Su infraestructura garantiza un retorno masivo, pero también refuerza la percepción de que el Mundial se convierte en un escaparate corporativo más que en un evento ciudadano. Canadá, con menor tradición futbolística, busca legitimarse como anfitrión global, aunque enfrenta el reto de justificar inversiones frente a una afición menos consolidada.
El Mundial 2026 es, en esencia, un proyecto político-económico. Político, porque cada país anfitrión busca proyectar su imagen internacional y reforzar su legitimidad interna. Económico, porque el torneo se convierte en un mercado global donde se disputan contratos, inversiones y ganancias multimillonarias.
La exigencia es clara: las autoridades deben garantizar que la inversión pública se traduzca en beneficios tangibles para la población, en infraestructura duradera y en oportunidades económicas reales. De lo contrario, el Mundial corre el riesgo de convertirse en una fiesta exclusiva, inaccesible para las mayorías, y en un negocio que deja la factura en manos de los contribuyentes.
¿será el Mundial 2026 una verdadera celebración ciudadana o un negocio que beneficia a unos pocos mientras los países anfitriones cargan con los costos?