La revocación de mandato no es un capricho político ni una concesión graciosa de los gobernantes. Es un mecanismo constitucional que coloca en manos de la ciudadanía la facultad de evaluar, en tiempo real, el desempeño de quien ocupa la Presidencia de la República. En otras palabras, es la sociedad y no las élites políticas quien decide si el mandato continúa o se interrumpe. 

El procedimiento está claramente establecido: corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar la consulta, garantizar su imparcialidad y dar certeza a los resultados. El Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la responsabilidad de velar por la constitucionalidad del proceso, mientras que los poderes ejecutivos y legislativos locales deben facilitar su realización. Es decir, la revocación de mandato depende de instituciones que, por mandato legal, están obligadas a servir al pueblo y no a obstaculizar su voluntad. 

Sin embargo, en la práctica, hemos visto resistencias, interpretaciones interesadas y hasta intentos de minimizar la importancia de este ejercicio democrático. Esa actitud no solo erosiona la confianza ciudadana, también vulnera el principio fundamental de soberanía popular. La revocación de mandato es un derecho, y como tal, debe ejercerse sin trabas ni dilaciones. 

La exigencia es clara: las autoridades competentes deben acatar la Constitución y garantizar que la revocación de mandato se lleve a cabo con transparencia, imparcialidad y respeto absoluto a la voluntad ciudadana. No hacerlo sería una traición al espíritu democrático que sustenta nuestro sistema político. 

En un país donde la democracia aún enfrenta desafíos de credibilidad, la revocación de mandato representa una oportunidad para fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados. Pero esa oportunidad solo será real si quienes tienen la responsabilidad institucional cumplen con su deber. 

La ciudadanía ya tiene la herramienta; ahora corresponde a las autoridades demostrar que están a la altura de la democracia que dicen defender. 

¿Están las instituciones dispuestas a cumplir con la Constitución y garantizar que la voluntad popular se ejerza sin obstáculos?